El aumento de la delincuencia hizo crecer la necesidad de contar con seguridad privada, sin embargo, muchas empresas lejos de brindar dicho servicio se han convertido en un negocio de abuso.
Los guardias de seguridad privada arriesgan su vida por un salario mínimo, y en muchas ocasiones menor a este. Además de trabajar largas horas laborales sin el pago correspondiente por estas, no hay ninguna garantía legal si llegan a sufrir algún daño.
Muchos de los guardias aseguran que no trabajan en el negocio de la seguridad porque sea algo que les guste hacer, sino por la necesidad de contar con un trabajo, y eso es aprovechado por muchos dueños, quienes los explotan.
Uno de los guardias entrevistado por el equipo de Expedientes asegura que al día ganaba cerca de Q73.00, pero el transporte, comida y otros pagos le hacían ganar realmente Q20.00. Algunas empresas también descuentan a sus empleados el uso de las instalaciones donde hacen guardia.
Las autoridades explican que los guardias de seguridad deben de dar capacitación a los guardias de seguridad sobre el manejo de armas de fuego. Sin embargo, muchas empresas no solo no capacitan a sus empleados, sino que contratan a personas que nunca han utilizado una. Algunas empresas van aún más lejos y hacen firmar hojas en blanco a los empleados, esto lo hacen para que luego los puedan despedir sin darles sus “liquidación” o desligarse del pago de seguro de vida.
En la investigación de campo incluso se escucha cómo el encargado de una de estas empresas le indica que por contrato no pagan Bono 14, aguinaldo ni ninguna otra prestación, no dan las vacaciones estipuladas por la ley ni pagan doble los asuetos que deberán trabajar.
La Inspectoría General del Trabajo señala que las denuncias contra las empresas que violan la ley son recurrentes, sin embargo, la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada (DIGESSP) del Ministerio de Gobernación, no quiso emitir ningún comentario al respecto.
Luis Reyes, defensor de las Personas Trabajadoras PDH, afirma que solo 233 empresas están aprobadas por la DIGESSP, y solo 35 empresas han sido inspeccionadas ante las denuncias de violación a los derechos laborales, mientras que solo a 14 de ellas se les ha iniciado un proceso como tal.