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El Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Guatemala (STEG) suma un nuevo capítulo en su conflicto con las autoridades educativas, luego de que la Corte de Constitucionalidad dejara en firme las sanciones económicas impuestas a dirigentes del sindicato por incumplir una resolución judicial.
La alta Corte rechazó un ocurso de queja promovido por un integrante del STEG, con el que pretendía frenar las multas derivadas del desacato.
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El Ministerio de Educación informó que los magistrados declararon sin lugar el recurso, por lo que la multa impuesta quedó firme y debe hacerse efectiva.
La Procuraduría General de la Nación confirmó que, tras agotarse la vía de impugnación, cada uno de los dirigentes sancionados deberá cumplir con el pago correspondiente ante la Corte.
Las sanciones económicas ascienden a Q4 mil por cada dirigente señalado dentro del proceso.
El monto fue establecido tras determinarse el incumplimiento de un amparo que ordenaba poner fin a la asamblea permanente y retomar las actividades escolares.
Las multas se originaron luego de que no se acatara la resolución judicial que instruía restablecer las clases en beneficio del estudiantado.
Durante el paro impulsado por el STEG, las actividades académicas se vieron interrumpidas durante 57 días del ciclo escolar 2025, afectando a más de 1,500 centros educativos a nivel nacional.
Ante este escenario, se activaron procesos administrativos y medidas sancionatorias contra varios participantes del movimiento sindical.
En su pronunciamiento oficial, el Ministerio de Educación enfatizó que ninguna medida de hecho puede vulnerar el derecho fundamental a la educación de la niñez y juventud.
Asimismo, subrayó que este tipo de resoluciones refuerzan la obligación de cumplir las decisiones emitidas por los tribunales constitucionales.
Con esta resolución, el caso del STEG marca un precedente en materia de cumplimiento de fallos judiciales y mantiene vigentes las sanciones económicas contra sus dirigentes.




