El pasado 4 de febrero, la dirección de finanzas del Congreso de la República presentó un dictamen en el que se planteaba aumentar el salario de los congresistas de 29,000 a 46,700. Sin embargo, el 12 de febrero, la CC suspendió la cláusula del acuerdo legislativo que otorgaba derechos de indemnización y prestaciones de ley a los diputados.
El 25 de febrero, se conoció que seis integrantes de la junta directiva firmaron un acta aprobando el aumento salarial, que se depositaría a finales de mes.
Posteriormente, se solicitó a la Corte de Constitucionalidad la debida ejecutoria, otorgando un plazo de 24 horas a la junta directiva para rendir un informe circunstanciado.
