Durante la noche del 8 de marzo de 2022 el Congreso de la República de Guatemala aprobó la ley 5272, “Ley para la protección de la Vida y la Familia”, el ahora decreto se envió al Ejecutivo para su sanción, pero ¿qué es y qué supone esta polémica ley?
El decreto 18-2022 tiene como objetivo tres protecciones: la vida, la familia y matrimonio entre un hombre y una mujer, así como los padres como únicos orientadores en el ámbito de la educación sexual.
Con 21 artículos, la ley habla sobre el aumento de las penas a la persona que sufra cualquier tipo de aborto. Así como sanciones a quienes practiquen o promuevan el mismo e incluso la eliminación de la privacidad entre el médico y una paciente.
La reforma establece una pena de entre 5 y 10 años a quienes sean encontradas culpables de provocar un aborto o permitan que se les practique. El único caso no penado será el aborto terapéutico, el cual tendrá que recibir la aprobación de tres médicos.
La misma reforma establece de entre 6 y 12 años de prisión a las personas que por medio de violencia causen el aborto.
Otros artículos establecen que los padres son los únicos responsables de brindar educación sexual, y ningún centro educativo podrá brindar orientación sexual a sus alumnos.
El fin es que las políticas o programas relacionados a la diversidad sexual e ideología de género no se traten de forma pública.
Los artículos 16 y 17 prohíben el matrimonio igualitario y establece la unión de dos personas del mismo sexo como una unión no válida. El siguiente artículo dicta que no se perseguirá de forma legal a personas que no acepten “como norma la diversidad sexual o la ideología de género”.
Queda a disposición del Ejecutivo la sanción o veto del decreto. De ser sancionada se publicará en el Diario Oficial de Centro América y entrará en vigencia un día después de su publicación.