Entre los cambios, está que se mantiene la institucionalidad y se crea una nueva dirección desconcentrada dentro del ministerio de Comunicaciones. Además, que los contratos con empresas puedan durar hasta 30 años.
A diferencia del dictamen anterior, se mantienen los recursos provenientes del impuesto de distribución a gasolina regular, superior y diésel, que será dirigido a los proyectos de infraestructura.
Además, se especifica el uso de garantías, por ejemplo, el ministerio pagará por avance de la obra a una empresa y no se realizarán pagos por adelantado, así mismo, se permitirán convocatorias a nivel internacional con licitaciones más lentas.
