La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó una reforma constitucional que establece que los ciudadanos considerados “traidores a la patria” perderán la nacionalidad nicaragüense.
Esta medida ha sido aplicada previamente a más de 450 personas, incluidas figuras opositoras.
La reforma también elimina el artículo 20 de la Constitución, que anteriormente protegía la nacionalidad, permitiendo la pérdida de la misma por el hecho de adquirir otra ciudadanía.
