Con el respaldo de 108 diputados, la décima legislatura aprobó el decreto 2-2025, que reforma el código penal y agrava las penas para delitos migratorios relacionados con la falsedad y el uso de documentos falsificados.
La ley establece penas de 6 a 10 años de prisión y multas de hasta 500 mil quetzales por la clonación de tarjetas de crédito y débito.
Además, incrementa la privación de libertad para quienes cometan este delito mientras ocupen cargos en instituciones bancarias o emisoras de tarjetas.
