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El gobierno de Bernardo Arévalo formalizó una denuncia contra el STEG por posibles daños al Palacio Nacional de la Cultura durante sus protestas.
El sindicato magisterial ha incumplido reiteradamente los amparos de la Procuraduría General que ordenaban desalojar el lugar.
El Ministerio Público ahora deberá determinar responsabilidades por afectaciones al patrimonio guatemalteco.