La Corte Suprema de Justicia rechazó otorgar un amparo provisional a la empresa Datasys S. A., la cual había vendido el sistema informático de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP). A solicitud del Ministerio Público, se han embargado las cuentas bancarias de la empresa y se ha ordenado al Tribunal Supremo Electoral detener el pago de más de 40 millones de quetzales para complementar el pago acordado de 148 millones de quetzales entre el TSE y la empresa. Todo esto surge a raíz de la sospecha de la Fiscalía sobre posibles actividades ilegales de lavado de activos.