La Corte de Constitucionalidad suspendió parte del acuerdo 200-2024 que creó el Gabinete Específico para la Coordinación de Derechos Humanos, que obligaba a la fiscal general, María Consuelo Porras, a asistir a reuniones del gabinete. La Fundación Contra el Terrorismo alegó que este acuerdo violaba la independencia del Ministerio Público. También se anuló la participación de grupos ciudadanos en las sesiones, quienes solo podían dar sugerencias sin voto.
