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La Corte de Constitucionalidad (CC) anuló el Reglamento para la Gestión Integral de Residuos Sólidos, tras acoger una acción de inconstitucionalidad interpuesta por un diputado.
El máximo tribunal determinó que el acuerdo gubernativo violaba la autonomía municipal, un principio que otorga a las comunas la potestad exclusiva sobre este servicio público.
Esta normativa, que establecía multas y un sistema obligatorio de clasificación, dejará de surtir efectos tras su publicación en el Diario Oficial.