El Congreso de la República aprobó el Decreto 3-2025 con 110 votos a favor en su tercer debate, estableciendo un registro estricto y áreas específicas para la protección de menores en centros de detención.
Además, la normativa ordena que los niños siempre estén acompañados por un adulto responsable durante las visitas.
La vicepresidenta Karen Herrera celebró la aprobación en su cuenta de X, afirmando que con esta medida se busca evitar la violencia y la trata de menores en las cárceles, imponiendo penas de 8 a 18 años de prisión y multas de hasta 500,000 quetzales para quienes faciliten estos delitos.
