Las autoridades de seguridad implementan bloqueadores de señal en centros penitenciarios como parte de una estrategia para impedir que los privados de libertad mantengan comunicación con el exterior y continúen operando redes de extorsión.
Investigaciones del Ministerio Público determinaron que muchas llamadas de amenazas y cobros ilegales tienen su origen dentro de las mismas prisiones, lo que motivó la intervención tecnológica.
Las diligencias se realizan en conjunto con empresas calificadas para el bloqueo de señales, buscando desactivar los canales que permiten a los reclusos dirigir actividades criminales desde sus celdas.
