La Corte de Constitucionalidad suspendió fragmentos del articulo 4 del gabinete especifico establecido por un acuerdo 200-2024. Esto permitía al poder ejecutivo citar a la fiscal general, María Consuelo Porras, a las reuniones acordadas. El objetivo era llegar a acuerdos donde se pondrían en conversación todo los temas del estado, sin embargo, ahora queda anulado.
