En Guatemala, la regulación establece que la vida útil máxima de los vehículos de transporte público colectivo de pasajeros es de 20 años, con el objetivo de garantizar la seguridad de los usuarios y mejorar las condiciones del servicio.
No obstante, muchas unidades con más de 25 años de antigüedad continúan operando, representando un riesgo significativo para conductores, pasajeros y otros usuarios de la vía pública.
Tras la lamentable tragedia de este lunes, donde un bus con más de 30 años de funcionamiento cayó desde un puente, dejando 51 personas muertas, la antigüedad de los buses en circulación ha cobrado gran relevancia en el debate sobre la seguridad del transporte público.
